La Presencia Militar en la Política Chilena
¿Responsabilidad Civil?
Todos, de alguna manera, nos hemos enterado de los contenidos de las entrevistas y declaraciones del presente Comandante en Jefe del Ejército. Comentarios referidos a las sensibles materias históricas, que aflige a la rama armada que dirige y representa. Generalmente, cuando se habla de la última intervención militar, que puso fin al gobierno del Presidente Salvador Allende, todos los sectores políticos dirigentes, concuerdan en presentar este acontecimiento, como un “paréntesis” trágico dentro de nuestra ejemplar y estable tradición Republicana. Pero, cabe preguntar si es efectiva dicha afirmación, y lo más importante, si los políticos, los partidos y la ciudadanía civil le han correspondido con el debido honor.
Pienso, que sólo a partir de este análisis, podremos como sociedad, saber a quién o a quienes se le puede exigir su compromiso con el “nunca más”.
El primer ejemplo, útil de recordar por la cercanía, lo encontramos a fines del siglo XIX, con la revolución o guerra civil de 1891. Conflicto que se gestó en la lucha parlamentaria de las fracciones liberales, debida por ambiciones personales y en resistencia del Presidente de la República para abandonar sus tradicionales prerrogativas, que le permitía influir en la elección del Congreso y en la de sus sucesor (se debe revisar en este aspecto la acción ejercida por el Presidente Santa María y sus antecesores).
Así, cuando los sectores dirigentes de la oligarquía no se puso en acuerdo con la antigua aristocracia, utilizaron a las fuerzas armadas para imponer violentamente su particular interpretación de la Constitución de 1833. Como resultado, además del gran número de muertos, se sustituyó el sistema Presidencialista por uno Parlamentarista, en donde la intervención gubernativa dio paso al fraude de los partidos y al cohecho, costumbre que se mantuvo hasta muy avanzado el siglo XX.
Ya a inicios del siglo XX, los gobiernos republicanos, acogidos en el sistema parlamentarista, debieron asumir una serie de problemas sociales, ocurridos en parte por los enormes costos económicos que dejó el enfrentamiento armado de 1891 y por las pésimas condiciones laborales de los trabajadores.
Así se sucedieron una serie de grandes matanzas de trabajadores, como la recordada en la Escuela Santa María.
Hechos donde se vieron envueltos miembros de las fuerzas policiales y militares – no está de más decirlo- por órdenes expresas de los presidentes de turno. Paralelamente se detuvo, encarceló, relegó e incluso asesinó selectivamente a varios caudillos sindicales. Esfuerzo tendiente a impedir la formación de sindicatos, federaciones y central única de trabajadores, entidades por ese tiempo consideradas ilegales. Símbolo de las luchas sociales, será el ingreso al congreso del primer parlamentario Comunista Carlos Contreras L.
En las elecciones presidenciales de 1920, los sectores adherentes a los principales contrincantes presidenciales, protagonizaron hechos de violencia callejera que dejaron un número significativo de heridos y muertos.
Iniciado e primer gobierno del Presidente Arturo Alessandri Palma (“el León”), se dará la matanza de San Gregorio y frente a los excesos parlamentarios, la debilidad del gobierno en defender los intereses generales de la agresión de privados, más la nula acogida de las demandas populares, más otras de carácter gremial se incubará el germen golpista.
Así el 5 de septiembre de 1924, se producirá una revuelta militar, la cual tuvo entre sus instigadores al mismísimo presidente de la república. Sin embargo, el movimiento “se le escapó de las manos”, y al poco tiempo de andar se transformó en una dictadura militar, debiendo huir fuera de Chile.
Esta dictadura, será depuesta por otro movimiento armado en enero de 1925, el que fue encabezado por los entonces mayores Carlos Ibáñez (“El Caballo Ibáñez”) y Marmaduque Grove, acción aventurada y peligrosa que pudo haber arrastrado al país a una nueva guerra civil, pero que finalmente terminó siendo una nueva dictadura militar, la que curiosamente trajo de vuelta a Alessandri al poder ejecutivo.
El “León”, excluirá del gobierno a importantes sectores ciudadanos y gobernará con el decidido apoyo de los militares, lo que quedará formalizado en un gabinete compuesto por liberales de “su línea” y amigos personales. Por ello será este período denominado como dictadura civil. Dicha dictadura civil, concentrará su quehacer en la Constitución de 1925, que entre otros, robusteció nuevamente el poder del ejecutivo.
Tras la crisis ministerial, que se gestó con la candidatura presidencial del Ministro de Guerra Coronel Carlos Ibáñez del Campo, Alessandri decide renunciar y abandona rápidamente el país. Ibáñez, por acuerdo político, deja su candidatura, pero su presencia se hará sentir en el gobierno transitorio de vicepresidente Luis Barros Borgoño (la segunda dictadura civil). Con las elecciones de 1925 asumirá el Presidente Emiliano Figueroa Larraín, quién renunciará por presiones civiles y militares en mayo de 1927, dejando el mando al vicepresidente, coronel Carlos Ibáñez, quien entre otras medidas, hizo modificaciones ministeriales, detenciones y deportaciones de opositores.
En las elecciones del 22 de mayo, no hubo más candidato que el mismísimo coronel, siendo proclamado Presidente de la República por el Congreso Pleno el 11 de julio de ese mismo año.
Mientas tanto, Alessandri más otros se encargarán de la organización de las fuerzas de oposición, tanto internas como en el exilio, con objeto de derribar la gobierno (Pacto de Callais), ya sea a través de una revolución o de un atentado.
Los esfuerzos del Comité Revolucionario, a pesar de las 9,676 libras esterlinas “desviadas” por Marmaduque Grove, provenientes de la defensa nacional a dicha actividad subversiva, no consiguió los fines esperados, como lo demostró el famoso vuelo del “Avión Rojo” desde la Argentina a Concepción.
Mucho más efectiva fue la crisis económica de 1929, que desembocó en el descontento y la agitación social, que tuvo su epílogo trágico en la muerte de un estudiante de medicina y un profesor a manos de la fuerza pública. Se produjo una huelga de brazos caídos y las turbas enfurecidas, arremetieron violentamente contra la fuerza pública causando la muerte de algunos carabineros. Una vez derrumbado el gobierno, el poder ejecutivo quedó en manos del Presidente del Senado, quien designó al Ministro del Interior Juan Esteban Montero con el título de vicepresidente de la República.
A pesar de la intensa campaña de terror, ejercida de los sectores alessandristas y de Hidalgo (demócratas), en las elecciones presidenciales de 1931, es elegido Esteban Montero, quien tuvo – al igual que el vicepresidente Trucco- que resistir el juego sucio de los partidos de oposición, plasmado en la sublevación de la Escuadra. Posteriormente, acontecerá el asalto armado al Palacio de la Moneda en 1932, realizado por un reducido número de efectivos militares comandados por Marmaduque Grove, quienes botarán al gobierno constitucional del Presidente Juan Esteban Montero. Así llego los cien días de la “República Socialista”, con su “censura a la prensa y de las comunicaciones telefónicas; telegráficas y radiográficas; prisión y relegaciones; supresión de la libertad de reunión y clausura del Congreso” (Ricardo Donoso). El peligro de la guerra civil, se hizo latente con cada junta que se sucedía, y vino la abdicación, haciéndose entrega del mando al Presidente de la Corte Suprema quien llamó a elecciones.
Por esos días, surgió la Milicia Republicana, organización civil armada e inconstitucional, provista de material sustraído de los pertrechos militares del ejército, con la finalidad de “defender la constitucionalidad” y disuadir cualquier intervención militar en la “cosa pública”. También, en esos momentos, parte de los depuestos golpistas, crearán la Unión y el Partido Socialista, aparecerá también en esa época, el Movimiento Nacional Socialista y la Juventud Conservadora, futura Democracia Cristiana. Aquí, es en donde reaparecerá la figura del Arturo Alessandri, que encabezará un “gobierno de clase” (Jorge González V. discursos de 1937 y 1941), que estará al servicio de la oligarquía”.
En la segunda administración del “León”, se sucederán hechos lamentables: la matanza de Ránquil y Lonquimai; el empastelamiento de la prensa de oposición; la participación encubierta agentes de gobierno en delitos y hechos criminales; la detención, encarcelamiento y relegación de disidentes; el apaleamiento a parlamentarios y la violación de su fuero; la matanza del Seguro Obrero y la tradicional práctica de cohecho.
A su vez en ese período, surgirán al interior de las diversas organizaciones políticas existente grupos de choque, los cuales darán muestras de su “civilidad”, en variados enfrentamientos callejeros, con un resultado importante de heridos y muertos.
Ya en el gobierno de Pedro Aguirre Cerda (“Don Tinto”) en 1939, se aborta una intentona golpista, organizada por los sectores civiles y militares partidarios del General (R) Carlos Ibáñez, acontecimiento que recibió en nombre del “Ariostazo”.
En 1941, un acontecimiento similar se dará con el GOS (Grupo de Oficiales Seleccionados). Roto el Frente Popular, se reanudaron los hechos de violencia civil, siendo el de más impacto la matanza de la Plaza Bulnes, ocurrida en el gobierno interino de vicepresidente radical Duhalde. Debido a la acción desestabilizadora y en prevención de un aparente intento de conato, impulsado por los directivos del Partido Comunista, el Presidente Radical Gonzáles Videla, con el apoyo mayoritario del Congreso, aplicará “La Ley de Defensa de la Democracia”, conocida también por sus detractores como “Ley Maldita”. Apoyado en ella, ordenará la anulación de los derechos civiles, en perjuicio de la directiva y militancia del Partido Comunista, siendo algunos de ellos confinados en Campos de Concentración de Prisioneros, los cuales estarán bajo resguardo militar. Es en este período (1946-1947), donde aparece una milicia armada, compuesta por civiles de distinta filiación política, su nombre: Acción Chilena Anticomunista (ACHA).
En 1952 y en prevención de un eventual desconocimiento del triunfo del Candidato presidencial Carlos Ibáñez del Campo, un grupo de civiles busca el apoyo de los militares y crea una organización cuyas siglas era PUMA (Por un Mañana Auspiciador). Ibáñez fue elegido Presidente de la República, apoyado por un amplio espectro de fuerzas políticas, incluyendo algunas de izquierda y otras herederas del nacismo criollo de los años treinta. Dentro de los hechos, que conciernen al tema, destaca el escándalo de 1954, protagonizado por un grupo de oficies descontentos por su llamado a retiro, medida que se creía motivada en la férrea incondicionalidad que tenían estos con la figuradle ejecutivo.
El movimiento político gremialista, conocido como “La Línea Recta”, provocó la renuncia del Comandante en Jefe del Ejército, un proceso en la Justicia Militar y una fuerte investigación en el Senado. En el Gobierno de Jorge Alessandri, producto de una serie de medidas económicas impopulares, favoreció el posicionamiento al interior de los sectores sindicales, la intervención de los partidos y de las fuerzas más radicalizadas, las cuales ya en esa época empezaban ha ver con buenos ojos lo que se sucedía con la experiencia castristas y el guevarismo.
Así, se producirá en 1962, la renuncia del dirigente de la Central Única de Trabajadores (CUT) Clotario Blest. En agosto de 1962, acontecerá un paro nacional, el cual dejará el trágico balance de 26 heridos y 5 muertos en la población María Caro.
En la administración del demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva, en el mes de agosto de 1965, se creó el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), organización civil armada, que entre sus principios apelaba como medio válido de lucha, la acción directa y la insurrección popular armada.
En octubre de 1969, ocurre el “Tacnazo” movimiento militar aparentemente “profesional y gremial”, dirigido por el general Roberto Viaux. Mientras este se encontraba acuartelado en el regimiento Tacna, recibió la extraña visita de una delegación del Partido Socialista, acción que fue muy criticada por el directivo socialista Salvador Allende G.
El foco subversivo, será sofocado por las tropas fieles a la constitución, los revoltosos serán procesados por el Tribunal Militar y el problema de los sueldos será solucionado por el parlamento con carácter de urgente. Más adelante, Viaux se verá involucrado junto a otros civiles (posiblemente de corte nacionalista), en el intento de secuestro del Comandante en Jefe del Ejército general René Scheider, quien será trágicamente herido de muerte. El móvil aparente de tal acción, se presume en la idea de presionar a los parlamentarios, con la finalidad de que éstos desconocieran el triunfo del candidato presidencial de la Unidad Popular Salvador Allende G. (“El Chicho Allende”).
Así mismo, se presume en estos hechos la participación indirecta de agentes de inteligencia e información extranjeros. Conforme avanza el tiempo y se polariza el clima al interior del país, surgirán en los sectores civiles favorecedores y opositores del gobierno grupos de choque, los cuales se enfrentarán violentamente en las calles, ejemplo de ello es la muerte del dirigente del Partido nacional Rolando Matus. Así se irá creando el clima belicoso y de insurrección civil que llevará a pensar en los sectores en pugna en un posible escenario de guerra civil o de golpe de Estado.
En junio de 1971, es asesinado por integrantes del grupo de extrema izquierda Vanguardia Organizada del Pueblo (VOP), el político y ex ministro demócrata cristiano Pérez Zujovic. El crímen tuvo la doble finalidad, el de “ajusticiarlo” por la matanza de la población María Caro y la intentona radical de acelerar el proceso revolucionario hacia el estado socialista, mediante el enfrentamiento de clases.
En 1972, producto del paro del transporte y el comercio, más algunas acciones de sabotaje atribuibles al Frente Nacionalista Patria y Libertad, se ocupan efectivos del ejército más algunos voluntarios civiles para el traslado y protección de víveres.
También en ese tiempo el presidente, incluye dentro de su cartera ministerial a tres representantes de las fuerzas armadas. Uno de ellos será el entonces Comandante en Jefe del Ejército general Carlos Prats. Medida excepcional, similar a la adoptada en 1925, y que caracterizó un período que fue llamado de “ Dictadura Civil”.
Ya en esa fecha, se producían llamados por parte del sector civil a la intervención de las fuerzas militares, incluso desobedeciendo órdenes, ya sea a favor del régimen o en su contra.
El 29 de junio de 1973, se produce el “Tanquetazo”, intento de golpe de Estado encabezado por el teniente coronel Roberto Souper, comandante del Regimiento Blindado Nº 2, en cooperación con el Frente Nacionalista Patria y Libertad. Una vez fracasada esta acción, los dirigentes de Patria Y libertad, se acogen al exilio mientras que otro importante dirigente de esa agrupación, que se creía fallecido en un accidente aéreo, es descubierto, detenido y encarcelado.
Asumiendo la difícil situación en que había puesto al ejército, Prats renuncia al cargo ministerial y a la comandancia en jefe del ejército. Sin embargo, antes sucederá otro trágico acontecimiento, la muerte a manos de civiles opositores a Allende del Edecán Naval capitán de navío Arturo Araya.
Más adelante se le sumará como nuevo ingrediente al clima hostil, la adopción del ejecutivo de medidas amparadas en vacíos legales y en la utilización de leyes olvidadas, lo cual producirá – entre otros- la declaración del Poder Judicial denunciando la inminente quiebra de la juridicidad y la proclamación en la Cámara de Diputados de la quiebra del Estado de Derecho.
El ejecutivo llamó nuevamente a las fuerzas armadas a colaborar con sus gobierno, en lo que se llamó “Gabinete de Seguridad Nacional”, pero esta vez su invitación no encontró acogida.
La continuación de la historia es por todos conocida, así que no haremos mayor comentario al respecto. Hecha esta breve revisión y volviendo a la pregunta original que justifica estas líneas: ¿Es efectiva la tradición de nuestra estabilidad política?; ¿es verdad que la presencia militar en la política y en la administración del gobierno civil, es un mero hecho circunstancial, transitorio y anecdótico?; Y por su puesto, si los ciudadanos civiles han cumplido con sus accionar a esta tradición.
Las conclusiones que se nos vienen a partir de esta reflexión, de alguna manera las anticipa Edwards Vives en su ensayo llamado la “Fronda Aristocrática” de 1927. Como autor sostiene, la imagen de la estabilidad del sistema político chileno, tuvo sus origen a partir de la administración de don Diego Portales hasta la caída del sistema presidencialista en 1891.
“Por noventa años existió aquí la continuidad en el orden jurídico y una verdadera tradición política, cuyos cambios o mejor dicho evoluciones, se produjeron en forma gradual, pacífica, lógica y presentan, por tanto, un carácter mucho más europeo que hispanoamericano”.
Así mismo Edwards precisa que en ese período “ El poder de los Presidentes fue absoluto o casi absoluto, mientras no solo la masa del pueblo, sino las clases dirigentes permanecieron sumisas. Este fenómeno moral caracteriza la primera etapa de nuestra república “en forma” (1830- 1860)”.
Sin embargo, a partir de esa época, comienza su fase de decadencia, la cual produce la llegada del sistema parlamentarista (1891- 1925) que no fue más que “... el cambio de aristocracias... - una de herencia monárquica hispana de tradición militar, por otra económica (“capitalismo anglosajón” C. Kéller) - que no trajo el predomino del número, en el gobierno de los pueblos civilizados, a pesar del sufragio universal.
Por lo tanto, en ambas experiencias jamás existió un gobierno completamente representativo, ya que ellos también continuaron después de la independencia obedeciendo a gobiernos que, en realidad, no fueron sino despotismos unipersonales, de origen no popular”.
La razón de ello la insinuó Simón Bolívar “... más cuesta mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía. Muchas naciones han sabido gozar de alguno de sus preciosos momentos de libertad, muy luego han recaído en sus antiguos vicios políticos.
La pura democracia es inaplicable, ya que ella exige de los ciudadanos una constitución moral necesaria, como para recibir el beneficio de un gobierno completamente representativo” (Bolívar Caballero de la Gloria y de la Libertad de Emil Ludwig, editorial Losada SA 1952). A partir de lo expuesto se desprende, que la tradición democrática, se remite a la estabilidad en la sucesión pacífica de las administraciones civiles, en un sistema democrático “en forma” pero que en su fondo poseía restricciones. Lo fue así en el sistema presidencialista, en el parlamentarista y en los que le siguieron.
Es efectivo, que el caso chileno en comparación con los otros países iberoamericanos está en mejor pié, de ahí valga su comparación con “los ingleses de Latinoamérica” pero ciertamente no es sus máxima expresión. En cuanto a la presencia militar, esta no es un hecho anecdótico, sino que es una constante que ha sido guiada por la acción demoledora de los civiles, ya sea cuando primas los intereses particulares, cuando estos entran en conflicto con las expectativas de las masas o cuando las instancias garantes de Estado no actúan como deberían.
Esto produce el envenenamiento de la opinión pública, la indisciplina social y el trastoque de los cuerpos neutros entre los individuos, las masas y la autoridad. Es en estos períodos donde se rompe el Estado de Derecho, el cual rige los derechos y deberes ciudadanos, manifiesto en la Constitución y en el Código Civil.
De ahí que cuando son vulnerados, ello conduzca a épocas de anarquía que anteceden sino a la guerra civil, al autoritarismo o la tiranía de distinta índole, lo que es a fin de cuenta un gobierno de clase. Los militares, que han gobernado el país con igual fortuna que las administraciones civiles, son formados para administrar el poder a través del Código Militar en un Estado de Guerra y los civiles a diferencia en un Estado de Derecho propio de un período de paz. Si los civiles, con sus poderes y atribuciones son incapaces dar respuesta en el marco que les corresponde ¿Por qué las fuerzas armadas deberán tener la solución mágica en algo que no le es propio? Por lo tanto, frente a los últimas experiencias, antes que el nunca más de los militares debe venir el de los civiles, ya que la madurez cívica no se restringe a ir de vez en cuando a votar, sino que al directo acatamiento de la constitución y las leyes.
“No hay buena fe en América, ni entre los hombres y en las naciones. Los tratados son papeles, las constituciones libros, las elecciones combates, la libertad anarquía y la vida un tormento”. Simón Bolívar:
El nacionalismo postula, contrariamente a lo que sostienen muchos, no a una dictadura o gobierno autoritario, sino que a una superdemocracia. Es decir, a un efectivo estado de derecho o de autoridad, donde los poderes del estado sean eficientes y representativos de todos los componentes de la nación, es decir las distintas comunidades e intereses que en ella existen.
Juan Bragassi Hurtado
Última modificación: 03 Octubre 2005